El desesperado clamor del Chocó

Editorial: El desesperado clamor del Chocó

EDITORIAL

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5:30 p.m. | 17 de julio de 2014

Otra vez un clamor llega desde el Chocó. No es el primero, pero sí puede ser el más urgente y desesperado. Advierte que la conjunción de males que azotan al olvidado departamento ha generado un cuadro que hace rato pasó de crítico a simplemente inhumano.

Ahora el hecho que prendió las alarmas fue el desplazamiento de seis comunidades del alto Baudó, causado por los frecuentes e intensos combates entre el Eln y las ‘Autodefensas Gaitanistas’, grupo armado ilegal con origen en ‘los Urabeños’. Esta disputa, sobre todo por el control de cuantiosas rentas, provenientes de un fatal abanico de actividades criminales, en que sobresalen la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, ha obligado a más de 3.000 personas de comunidades indígenas y afro a abandonar sus territorios.

La nueva emergencia social, una más de un largo rosario, ha servido para que aquellas entidades y personas que valientemente trabajan por traer algo de alivio a los chocoanos intenten, apoyadas en cifras que deben ser motivo de vergüenza, hacerles entender a la sociedad y al Estado que esta debacle ocurre en sus narices y que es cada vez mayor el costo de darle la espalda.

Nos recuerda la Oficina de la ONU para los

Derechos Humanos que el 80 por ciento de sus habitantes tiene al menos una de sus necesidades básicas insatisfecha y que la mitad de la población está sumida en la pobreza extrema. Otras mediciones oficiales indican que la tasa de mortalidad infantil es la más alta del país: 33,8 por cada mil nacidos vivos, más del doble de la cifra nacional (12,8). Si se trata de menores de 5 años, el contraste es aún más alarmante: 42,3 frente a 15,7. Mientras en toda la nación 75,3 madres mueren antes de los 42 días después del parto por cada 100.000 nacidos vivos, en este departamento fallecen 178,7.

Así mismo, cuando en el país pierden la vida 16,5 niños menores de 5 años por cada 100.000 debido a infecciones respiratorias –indicador fundamental del funcionamiento del sistema de salud–, aquí el registro es de 42,3. En relación con el analfabetismo –cuatro veces por encima del promedio nacional– y la esperanza de vida –58,3 frente a 70,3 años–, la situación es igualmente lamentable. Y estamos ante solo una faceta de la tragedia. No se puede pasar por alto el severo daño ambiental, con repercusión directa en la salud de los chocoanos, que trae la minería ilegal, como ya lo comentamos ayer aquí mismo. Similar al que acarrea la deforestación para abrirles paso a los cultivos ilícitos.

En suma, es una larga historia de negación sistemática de los más fundamentales derechos de su gente, que ha convertido a esta región en un enclave en el que todas las actividades ilegales encuentran condiciones ideales para establecerse.

Nada justifica que el hecho de nacer en un lugar condicione de tal manera la vida de una persona. Chocó no admite más planes de choque, Conpes que se quedan en el papel y demás paños de agua tibia. Hay que ir a la raíz de los problemas. Sin duda, un primer paso, como lo pidió el obispo de Quibdó, Juan Barreto, es reglamentar los artículos de la Ley 70 de 1993 –de comunidades negras– y dar, por fin, sustento legal a la propiedad colectiva de la tierra de estas comunidades.

Esta es una de muchas acciones que han de entenderse como un deber, no como una dádiva. Como cuotas para subsanar una deuda de más de un siglo, que ha impedido que toda una región y su gente se incorporen plenamente a esta nación.